Desde ASAJA Aragón se advierte que estos días esta llegando a los domicilios de los agricultores y ganaderos el envío por correo por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) de un dossier para la actualización del Censo Agrario. Desde ASAJA, se rechaza formalmente que el INE haya decidido suprimir la figura de los encuestadores para la elaboración de este documento estadístico y se deje directamente en manos de los agricultores y ganaderos para que ellos elaboren un complejo cuestionario de datos que luego ha de ser devuelto rellenado de forma obligatoria. Desde ASAJA se propone buscar alguna fórmula, como la firma de un convenio con el INE para ayudar en esta tarea estadística.Miles de agricultores y ganaderos aragoneses, estan recibiendo estos días una carta del INE acompañada de un cuestionario de ocho paginas con decenas de preguntas y posibles respuestas, así como un manual de instrucciones de cuatro paginas, difíciles de entender por la mayoría de los agricultores y ganaderos, particularmente los de mayor edad. Desde ASAJA Aragón se considera inadmisible que los profesionales agrarios tengan que soportar una nueva carga burocratica que hasta ahora cumplía la administración y ahora traspasa sin rubor esa tarea a personas no preparadas para cumplimentar ese informe.Desde ASAJA Aragón se va a trasladar una protesta formal al Instituto Nacional de Estadística y también a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, exigiendo que se retome de nuevo la figura del encuestador o en su defecto que se atienda en las oficinas comarcales las consultas de los agricultores y se les ayude a cubrir los formularios, ya que de lo contrario, ademas de causar trastornos a los agricultores, la encuesta adolecera de la fiabilidad y el rigor necesarios. ASAJA considera que esta encuesta, cuyos datos sirven para consultar la realidad del sector por un periodo de 10 años, es lo suficientemente importante como para que los métodos de recogida de datos no se tomen a la ligera y no se sacrifique indiscriminadamente la eficacia por una cuestión económica. Desde la organización ademas, se considera que se comete un âatropelloâ puesto que, en primer lugar, rellenar la encuesta es obligatorio por ley, pero poner un plazo de tan solo 15 días para ello, cuando hay que cumplimentar datos de superficies, de ayudas, etc. se puede hacer complicado para gente mayor o para profesionales que tienen mas de un NIF.
